Condenados a entenderse

Las prisas no son buenas consejeras, al menos en materia de comunicación. La prudencia aconseja elaborar planes estructurados y metódicos que se puedan aplicar a largo plazo y que incluyan estrategias específicas para tiempos de crisis puntuales, para periodos concretos en los que la urgencia por enviar mensajes nos puede llevar a equivocar el código, el canal o, incluso, el receptor. Así, multitud de expertos se dedican hoy en día diseñar modelos de comunicación que se desarrollan en el día a día pero que también se adaptan a cada situación concreta en caso de necesidad, ya que en su elaboración se han incluido recomendaciones expresas para aplicar en circunstancias extremas. En política están asumidos los beneficios de programar al detalle los procesos comunicativos internos y externos, pero, a veces, determinados acontecimientos inyectan ansiedad en algunos líderes por conseguir determinados objetivos y precipitan los mensajes que emiten sin tener en cuenta todos los condicionantes que debe cumplir cada proceso. Uno de esos momentos en los que es difícil contener el síndrome de abstinencia comunicativa es, para los políticos, el instante mismo en el que finaliza el escrutinio de los votos en cualquier cita electoral. La tradición indica que, completado el recuento, los cabezas de cada lista valoren los resultados, pero pocos líderes se resisten a ceñirse al frío análisis de los datos y todos o casi todos aprovechan la ocasión para comenzar a plantear su estrategia de cara a la formación de gobierno. En lugar de ceñirse analizar los números que salen de las urnas como positivos o negativos, muchos políticos se apresuran a enviar mensajes con contenidos explícitos e implícitos para los líderes de otras formaciones, los ciudadanos y para sus propios votantes y militantes. Las prisas por asumir determinadas posiciones pueden provocar esos mensajes no sean todo lo adecuados que deberían.

Un ejemplo de todo esto podría ser (no está muy claro) el caso del mensaje emitido por el presidente en funciones del Gobierno de Principado de Asturias, Francisco, Álvarez Cascos, quien, pocas horas después de que se escrutaran los votos depositados en las urnas de los colegios electorales de la región, aseguró en una entrevista concedida a Onda Cero que los partidos de derechas estaban condenados a entenderse. Yo no escuché la cita literal, pero cuando la leí interpreté que se podía tratar de un error en la estrategia de comunicación de FAC que serviría como ejemplo de la teoría que he desarrollado en las líneas precedentes, es decir, que la urgencia por buscar aliados y forjar acuerdos podría haber hecho que el presidente en funciones tuviera un desliz: calificar cualquier relación de entendimiento con el resto de partidos de su marco ideológico como algo negativo, en este caso como una condena.

Condena, según la real Academia Española, es la acción y efecto de condenar. Y condenar significa, entre otras cosas, forzar a alguien a hacer algo penoso o echar a perder algo (siempre según la RAE). Como asumo que FAC tiene una estrategia de comunicación muy bien diseñada (pueden gustar más o menos sus mensajes, pero a FAC le dan resultado) interpreté al leer las declaraciones en cuestión que se trataba de un simple error y que lo que el presidente en funciones quiso decir en su alocución radiofónica fue que las derechas estaban destinadas a entenderse. De lo contrario, Cascos, en la citada entrevista, se habría estado erigiendo como juez supremo y árbitro interesado en el proceso negociador con el PP (y puede que con UPyD) y él mismo habría dictado su sentencia (en este caso, insisto, condenatoria). De la expresión “condenados a entenderse” se deduciría, por tanto, que el acuerdo de las derechas es “algo penoso” para una o para todas las partes y que, a pesar del consenso alcanzado “algo se ha echado a perder” (insisto, según la RAE).

¿Es pactar con FAC la condena que tiene que sufrir el PP por haber obtenido tan solo 10 diputados en el Parlamento regional por segunda vez consecutiva? ¿Es apoyar a FAC el precio que tiene que pagar UPyD por el mero hecho de haber entrado en la Junta General del Principado o por haber recibido el apoyo de Enrique Álvarez Sostres en el Congreso de los Diputados? Según Cascos -y siempre que no se trate de un error de comunicación- la respuesta es sí. Ahora sólo nos queda averiguar si el mensaje fue un desliz o sí sus palabras fueron premeditadas. Sea como sea, también nos interesa saber qué opina el Partido Popular de la condena que les impone FAC para los tres próximos años. Si la lógica se impone, el PP recurrirá la sentencia si no quiere vivir prisionero de un pacto, en principio hasta los próximos comicios, pero con posibilidad de que la condena acabe siendo cadena perpetua.

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